El predio utilizado será el que limita al oeste con Niceto Vega y al
este con el nuevo Polo Científico en las ex Bodegas Giol, sobre la calle
Soler. A sólo dos cuadras, la empresa IRSA construye su nuevo shopping a
cielo abierto.
La propuesta elegida, elaborada por los arquitectos Mario Boscoboinik y Jorge Iribarne,
utiliza la división que hacen las vías para definir dos áreas de usos
diferentes. Del lado de Godoy Cruz se construirán casas bajas de 10 a 15
metros de altura, pero sobre Juan B. Justo habrá torres de hasta 50
metros de altura, unos 18 pisos.
"La diferencia con las torres que hay ahora en la zona, como la
Mirabilia o la Quartier, es que en la planta baja tienen cercos,
mientras que las que proponemos nosotros tienen locales comerciales. Lo
decidimos así porque las vidrieras dan vitalidad a la ciudad, y puede
haber bares o restaurantes que funcionen como lugares de encuentro",
explica Boscoboinik.
El concurso fue promovido por el Gobierno nacional con la idea de explotar económicamente esos terrenos –y otros en Caballito y Liniers–. Según se indica en el Decreto Nacional 1723/12, la recaudación se destinará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, para luego “evaluar la posibilidad de su reinversión en (…) las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.
En total se construirían 99 mil metros cuadrados, que con un precio
promedio de US$ 3.000 podrían traducirse en US$ 297 millones.
Sin embargo, los cambios necesitarán una reforma en el Código de
Planeamiento, que deberán diseñar los ganadores, antes de ser
implementados. Para eso se requiere la aprobación en doble lectura de la
Legislatura. Si bien la urbanización fue acordada entre el Frente para
la Victoria y el PRO (ver recuadro), esta vez el trámite podría
complicarse por los cuestionamientos del resto de la oposición.
Uno de los principales es que Boscoboinik es director general de
Fiscalización y Control de Obras del gobierno porteño. “Es una
aberración antiética: controlará sus propias obras”, se queja el
legislador Alejandro Bodart (MST). “No hay ninguna incompatibilidad:
nosotros sólo pensamos las modificaciones urbanas, pero no hacemos las
obras”, contesta Boscoboinik.
La urbanización de los terrenos ferroviarios de Palermo, junto con
otros en Liniers y Caballito, formó parte de un acuerdo legislativo
inédito entre el macrismo y el kirchnerismo en noviembre pasado. Y la
composición del jurado del concurso se transformó en la forma perfecta
de graficarlo.
Perdidos en una larga lista de arquitectos y urbanistas, evaluaron
las propuestas Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano porteño, y
Axel Kicillof, viceministro de Economía de la Nación. La presidencia del
cuerpo la tuvo Diego Bossio, director de la Anses. El pacto incluía
como prenda de cambio la habilitación para construir el nuevo centro
cívico en terrenos del Hospital Borda. Los dos megaemprendimientos
inmobiliarios despertaron el rechazo de la oposición no kirchnerista.
“Son hijos del pacto PRO-K y violan la Ley (nacional) de
Procedimiento Administrativo y la ley porteña 4.477, que obliga a
convocar a las Juntas Comunales”, se indignó el legislador Alejandro
Bodart (MST).
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